El Escorial no tiene un problema de presupuesto, tiene un problema de empatía en su Concejalía de Hacienda y de desprecio absoluto a las instituciones democráticas por parte de su Alcaldía. Mientras la responsable del área, Vanesa Herranz, presume ante los medios de una gestión económica supuestamente impecable, la realidad para las familias escurialenses más vulnerables es asfixiante. Detrás de los fríos balances macroeconómicos que defiende la concejal se esconde una total falta de sensibilidad social y un peligroso muro de opacidad: el Ayuntamiento de El Escorial sigue cobrando íntegramente el Impuesto de Plusvalía Municipal a las personas con discapacidad y, además, intenta camuflar su inacción con evasivas legales frente a los vecinos afectados.
La responsabilidad de este atropello apunta directamente al despacho de alcaldía. El Alcalde, Antonio Vicente Rubio, es plenamente consciente de este drama social y ha decidido dar la espalda a sus ciudadanos. Vecinos afectados por este impuesto abusivo han solicitado de manera reiterada reuniones con el regidor para trasladarle la gravedad de su situación, recibiendo únicamente el silencio y el desplante por respuesta. Un alcalde que se niega a escuchar a las familias que conviven con la diversidad funcional en su municipio pierde toda legitimidad para hablar de cercanía.
El ridículo institucional ante el Defensor del Pueblo: una contestación forzada y plagada de contradicciones
El desprecio de este equipo de gobierno ha llegado al extremo de ningunear los cauces de protección ciudadana fundamentales. Ante el portazo del Alcalde, los afectados se vieron obligados a acudir al Defensor del Pueblo.
Tras ignorar un primer requerimiento de información, el Sr. Antonio Vicente se ha visto finalmente forzado a contestar a las quejas vecinales solo tras recibir un segundo requerimiento de advertencia, ante el temor de ver el nombre de El Escorial manchado en la lista negra anual de «Administraciones Entorpecedoras».
Sin embargo, la respuesta firmada por el Alcalde es un auténtico insulto a la inteligencia de los vecinos. En un intento desesperado por eludir su responsabilidad, el escrito remitido a la alta institución del Estado se escuda en argumentos jurídicos retorcidos y plagados de flagrantes contradicciones legales.
El Alcalde llega a sugerir en su defensa la existencia de supuestas trabas normativas de carácter estatal o autonómico que le impedirían tocar el impuesto; una burda excusa técnica que cae por su propio peso. Antonio Vicente olvida deliberadamente que la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales otorga a los ayuntamientos la potestad total para modificar sus ordenanzas y bonificar estas cuotas por motivos sociales. Su respuesta no es un argumento legal válido; es una coartada burocrática firmada para ocultar su falta de voluntad política.
🔵 Un agravio que desmonta las siglas: el PP de la comarca sí protege a la discapacidad
Para mayor vergüenza del ejecutivo escurialense, este castigo fiscal no responde a ninguna directriz de partido ni a un modelo económico compartido. Los ayuntamientos vecinos de Las Rozas, Pozuelo de Alarcón o Majadahonda, gobernados también por el Partido Popular con holgadas mayorías, sí aplican la bonificación máxima del 95% para proteger la vivienda habitual de las personas con discapacidad y dependencia en sus ordenanzas de Plusvalía. Incluso en el propio San Lorenzo de El Escorial, el Partido Popular ha demostrado que cuando hay voluntad política se pueden diseñar exenciones y bonificaciones efectivas.
La ceguera social de Antonio Vicente y Vanesa Herranz no es una postura de su partido; es una decisión puramente local, recaudatoria e insolidaria. Mientras el PP regional de Isabel Díaz Ayuso defiende públicamente las rebajas fiscales y el apoyo a las familias, el PP de El Escorial se convierte en la excepción más rancia de la Sierra, actuando como un rodillo recaudatorio que exprime los ahorros de quienes sufren una diversidad funcional.
📍 El mapa de la empatía: El Escorial, a la cola de la Sierra
La propia respuesta del alcalde queda en evidencia al mirar al otro lado de la linde. Mientras el equipo de gobierno de El Escorial se enreda en mentiras jurídicas para justificar por qué exprime a sus dependientes, alcaldes de su mismo color político demuestran que la ley estatal permite proteger a la población.
Los datos dejan al descubierto las contradicciones de nuestra corporación frente al resto de la comarca:
No es una cuestión de siglas ni de leyes de rango superior: es pura falta de voluntad de un Alcalde y una concejal de Hacienda que prefieren mantener la presión fiscal a los más débiles antes que recortar un solo euro en sus presupuestos de escaparate.
🧱 Una ceguera social amparada en la ordenanza local
Actualmente, cuando un vecino con diversidad funcional o su familia se ve obligado a vender su vivienda —generalmente para afrontar los enormes gastos de dependencia o para mudarse a un inmueble adaptado— la concejalía de Hacienda le aplica el mismo castigo fiscal que a una gran promotora inmobiliaria. La actual Ordenanza reguladora de la plusvalía de El Escorial es el fiel reflejo de la política de despacho de la Sra. Herranz y del consentimiento del Sr. Vicente: inflexible con las familias desfavorecidas pero muy cómoda manteniendo un afán recaudatorio desmedido a costa del patrimonio de quienes sufren una discapacidad igual o superior al 33%.
Exigimos al Alcalde Antonio Vicente y a la concejal Vanesa Herranz que abandonen la soberbia fiscal, dejen de enviar escritos contradictorios al Defensor del Pueblo y asuman una modificación urgente de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio. Cobrar la plusvalía a las personas con discapacidad no es una buena gestión de los recursos públicos; es desvalijar el esfuerzo económico de quienes más apoyo necesitan. Las cuentas municipales deben estar al servicio de las personas, y no al revés.
Continuará en Parte III …
Agrupación Nuevos Ciudadanos por Los Arroyos 
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